La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja se encuentra sumida en otra crisis, esta vez desencadenada por la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja. En el último proceso de renovación de la Interprofesional y el Consejo Regulador, esta asociación representó a 216 bodegas, lo que equivale a más del 50% del total de las que confiaron su voto a ellos.
Eduardo Hernáiz, presidente de la agrupación, anunció la decisión de abandonar los órganos de gestión de la DOCa, pero con una importante aclaración: «Somos Rioja, y continuaremos siéndolo, ya que nuestras inversiones están arraigadas en esta tierra, y seguimos creyendo en su capacidad para producir vinos excepcionales. Sin embargo, no podemos seguir siendo parte de un sistema de gestión que toma decisiones contrarias a nuestros intereses y en el que, a pesar de nuestros esfuerzos, carecemos de influencia para cambiar el rumbo de Rioja hacia un modelo de calidad y valor». En otras palabras, las Bodegas Familiares seguirán formando parte de Rioja, produciendo y comercializando vinos bajo la denominación DOCa, pero renuncian a formar parte del órgano de gestión, del cual habían sido miembros desde su fundación en la década de 1990.
La salida de las Bodegas Familiares cuestiona el sistema interprofesional que ha gestionado la DOCa desde 2004, en el que la representatividad se basa exclusivamente en la cantidad de litros y kilogramos de uva producidos, un modelo prácticamente único en el sector vinícola español, solo adoptado en Valdepeñas, aunque esta última interprofesional fue intervenida después de que el sector productor la abandonara de manera unánime.
En este caso, son las pequeñas y medianas bodegas de Rioja las que se retiran, representando más de la mitad de las que delegaron su voto en las últimas elecciones de 2021, al sentirse «infrarrepresentadas» y sin la capacidad de influir en las decisiones. Hernáiz proporcionó datos reveladores al afirmar: «En los últimos 20 años, desde que se implementó este sistema interprofesional, el precio promedio del litro de vino de Rioja ha aumentado un 17%, mientras que la inflación lo ha hecho tres veces más. En otras palabras, este sistema ha tenido un impacto evidente en la cantidad de vino producido, pero no en su valor, lo que perjudica claramente el modelo de negocio de nuestros miembros. De hecho, entre nuestros asociados más jóvenes, hemos notado una desconexión completa con la DOCa, ya que no se sienten atraídos ni identificados con este modelo de gestión».
Juan Carlos Sancha, vicepresidente de la asociación y tercer miembro más antiguo del Consejo Regulador, también enfatizó: «Estamos seguros de que la actual crisis de Rioja, tanto para sus bodegas como para sus viticultores, es resultado no solo de circunstancias coyunturales, sino de problemas estructurales. Incluso hemos llegado a solicitar apoyo público para destilar vinos. La situación sería muy diferente si la política seguida en los últimos años se hubiera centrado en proteger el valor de las uvas, los vinos y el territorio, como hemos defendido desde las Bodegas Familiares, en lugar de enfocarse en aumentar la producción a través de nuevas plantaciones o incrementos en los rendimientos». Sancha proporcionó varios ejemplos de las negociaciones recientes en el Consejo, como la insistencia en más plantaciones a pesar de la sobreproducción de vino desde 2017 o cómo los debates sobre las normas de vendimia se centraron en la entrada de uva excedentaria en lugar de los rendimientos destinados a Rioja.
Los representantes de las Bodegas Familiares también advirtieron sobre el exceso de vino y viñedos en áreas inapropiadas debido a políticas que, según ellos, amenazan la supervivencia de las pequeñas y medianas bodegas y de las explotaciones familiares de viticultores debido a la falta de rentabilidad y a una burocracia abrumadora. Aunque el Consejo Regulador no reconoce este problema, para ellos representa una seria amenaza para sus miembros.
Ana Jiménez, gerente de la asociación, confirmó que la decisión se ha comunicado oficialmente al Consejo Regulador y a las administraciones públicas que participan en él (los gobiernos regionales de La Rioja, País Vasco y Navarra), así como al Ministerio de Agricultura, que supervisa la DOCa. Jiménez agradeció la confianza de las 216 bodegas que les delegaron su voto y destacó que la salida de las mesas de gestión ha sido ratificada en varias ocasiones por la asamblea de Bodegas Familiares de Rioja.
